Con sorpresa, pero también con satisfacción, encontré hace algunos días, un artículo de Ítalo Sifuentes Alemán en el diario El Comercio, en que se aplicaba de manera parcial mi propuesta de fiscalización gubernamental, aunque con las limitaciones que permite un plan de gobierno como el del APRA, que no es lo suficientemente específico y carece de cifras necesarias para hacer un verdadero control. Algunos días después, un amigo me retransmitió por correo electrónico una nota de prensa, firmada por el señor Jorge Mori Valenzuela, coordinador de un proyecto denominado ‘Lupa
Como algunos recordarán, yo he venido insistiendo hace varios años y con artículos publicados en El Comercio y este diario desde el 2001[1], en la necesidad de que se haga un control de las promesas electorales, proponiendo que cada partido, en el momento de inscribirse para cualquier elección, esté obligado a presentar un plan de gobierno (a lo que en algún momento hizo eco el Jurado Nacional de Elecciones) y que el dispositivo legal debería establecer un cierto detalle (una matriz), por sector y con cifras, que hagan posible que, más adelante se pueda verificar el cumplimiento de lo ofrecido. Esto en todos los niveles, —aunque su implementación podría ser paulatina— incluyendo alcaldías y cualquier otro tipo de cargo que sea motivo de elección democrática, lo que incluye a los miembros del Congreso, quienes también tendrían que presentar —sujetos al plan del partido por el que postulan— un proyecto de lo que piensan hacer en el caso de ser elegidos. La idea sería realizar el seguimiento del avance de la gestión y los resultados respecto a las propuestas de su plan de gobierno, informando, al principio, de manera muy simple lo “prometido” y lo “logrado”, y más adelante, con más profundidad y detalle; pudiendo llegar, inclusive, a hacer propuestas concretas para que se logren los objetivos trazados. Todo esto, con la finalidad de apoyar la construcción de una verdadera democracia, en la que la actividad gubernamental sea transparente y conocida por los medios y la población
El artículo del señor Sifuentes hace un balance de los primeros 60 días de gobierno (del total de 120, que el presidente Alan García pidió al país para realizar cambios económicos y sociales en distintas áreas del Estado), en base a una clasificación propia de trece aspectos —reformas y modernización del Estado, economía, salud, etc.), a los que se califica con tres alternativas: ‘cumplió’, ‘en proceso’ o ‘no cumplió’. Como se puede apreciar, la idea es la misma, pero con las limitaciones derivadas del Plan de Gobierno del APRA, que es muy general y carece en general de cifras y plazos, que permitan hacer una verdadera fiscalización.
El ‘Proyecto Coherencia’ cuyo sistema de calificación es similar, pero con otros nombres: ‘en nada’ (rojo), ‘en algo’ (amarillo) o ‘cumplió (verde), recibe —según se indica en la propia nota de prensa— el apoyo del ‘Observatorio de Vigilancia Social’, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que busca articular, difundir y promover las experiencias de vigilancia social y una cultura de transparencia en la gestión pública. En este caso, la información recogida por ‘Lupa 180’ es almacenada en una dirección de la Internet , que es actualizada mensualmente y cada dos meses incluirá artículos críticos y análisis sobre las repercusiones de estas reformas de la sociedad peruana. Las coincidencia —que dan que pensar— con la publicación de El Comercio, son los trece temas que son materia de la revisión, los tres tipos de calificación, como ya lo hemos señalado. El hecho de que ‘Coherencia’ considere sólo tres como cumplidos, mientras El Comercio dice que son cuatro es pequeña diferencia que habría que investigar con más detalle, ya que no queda claro en cual no concuerdan.
Más allá de lo que acabamos de comentar, lo importante es constatar que mi prédica empieza a tener eco, aunque ocurra varios años después de iniciada. La sociedad civil despierta poco a poco y pide a sus gobernantes que empiecen a cumplir lo que prometen, porque de otra manera terminaran en el más absoluto descrédito político y si la cosa es grave, Dios sabe donde.
San Isidro, 7 de octubre de 2006
Publicado en la página 15 de Gestión (Opinión), el viernes 17 de noviembre de 2006, bajo el título La sociedad civil despierta
[1] Respecto del tema, publiqué los artículos “La democracia y la obligación de rendir cuentas” en El Comercio el 5 de diciembre de 2001, “Los partidos y los planes de gobierno” el 19 de septiembre del 2003 en el mismo diario, “Fiscalía de la democracia” en el # 98 de la revista de la Compañía de Jesús “Cuadernos de Espiritualidad” de abril del 2002 (Pág. 31), luego en Gestión “El control de las promesas electorales” el 26 de julio de 2005, y “Dialoguemos sobre los planes de gobierno” el 15 de febrero de 2006. Además, con anterioridad, un proyecto para crear una ONG llamada "Compromiso Democrático" que cumpliera esa función, fue presentado a Mario Vargas Llosa, buscando su apoyo. Posteriormente a Luis Fernando Nunez de la Misión Carter , y por último a la propia Transparencia. En todos los casos, les pareció interesante, pero difícil de sacar adelante. Por último, cuando la Facultad de Derecho de la PUCP y "Ciudadanos al Día" organizaron los "Foros Constitucionales" donde se debatían las posibles modificaciones a la Constitución , en los tiempos en que Henry Pease, en el Congreso, trataba de que sacar un nuevo proyecto adelante, propuse el tema para discutirlo, lo que no llegó a realizarse porque el asunto se pospuso.
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