La Democracia y la obligación de rendir cuentas

por Alonso Núñez del Prado S.


A través de la historia, la democracia ha perdido una de sus características más importantes, que es la obligación del elegido de rendir cuentas al final de su mandato.

Reduciendo el concepto al mínimo, nos encontramos con que si le damos poder a una persona para que en nuestra representación cumpla con determinados encargos, sin duda, al cumplirse el plazo, le exigiremos que nos rinda cuentas. Es más la ley prevé la responsabilidad del apoderado, cuando no cumple con la indicaciones del poderdante.

Ampliando un poco más el mismo concepto, si un grupo de personas elige a una de ellas para que en representación de todos cumpla con hacer determinadas gestiones, obras o similares, al concluir el tiempo acordado, ese grupo le exigirá los resultados de su trabajo y si no fueran satisfactorios, las explicaciones del por qué no cumplió con el encargo respectivo.

Los ejemplos anteriores llevados a la amplitud  de una comunidad, una ciudad o un estado son los equivalentes a la democracia, que con el tiempo y por el número de gentes involucradas se ha sofisticado hasta llegar a sistemas como el estadounidense, en el que los elegidos, a su vez, se convierten en electores, es decir a lo que se ha dado en llamar democracia representativa.

Si tratáramos de simplificar explicando en qué consiste una democracia, llegaríamos a la conclusión que es un sistema mediante el cual, por razones prácticas, un grupo de personas eligen a algunas de ellas para que durante un plazo estipulado, en su representación —léase como apoderadas de las primeras— se encarguen de administrar una serie de asuntos, previamente estipulados, concernientes a todos y con dineros de todos. Para que esto funcione se han creado una serie de mecanismos que desafortunadamente están muy lejos de ser eficientes, especialmente en nuestro país.

Como ya afirmé, una de las taras que ha desarrollado el sistema es el de la pérdida de la costumbre de exigir explicaciones al término del mandato. Y una de las causas es la necesidad de los actos eleccionarios que con el tiempo se han convertido en un circo; ya que cuando está por finalizar un período, los ciudadanos están completamente concentrados en ellas, de tal manera que se olvidan de pedirle explicaciones al mandatario —en el sentido de apoderado, que es el original y verdadero— saliente. Además, se ha desarrollado la falsa creencia de que la forma de pedirle cuentas y en su caso castigar al que no ha cumplido, es mediante la votación en las elecciones; lo que nos ha llevado a tener una serie de gobiernos cuyos integrantes se han dedicado a hacer fortuna en el período para el que han sido elegidos. Si a esto le agregamos la impunidad de nuestra historia política, que gracias a los videos está llegando a su fin —esperamos que para siempre— encontramos el por qué de nuestros problemas y de la composición de nuestra “clase política”.

Se hace indispensable crear un mecanismo por el que los gobernantes salientes estén obligados a dar explicaciones detalladas al término de sus mandatos, lo que también haría necesario que los encargos que se les den estén explicitados en documentos contra los que se pueda contrastar sus gestiones. Esto haría obligatorio que los candidatos presentaran planes de gobierno detallados y dentro de los mismos “planes de gestión” más pequeños que los compongan, de tal manera que todas las funciones públicas producto de elecciones, tuvieran que tener planes pormenorizados que permitan una evaluación posterior o mejor aún, permanente.

Los sistemas actuales suponen que la función fiscalizadora es cumplida por el parlamento y el quinto poder —la prensa— pero desafortunadamente tenemos que reconocer que, por lo menos históricamente, esto no ha ocurrido.

Las penas por incumplimiento inexcusable —porque siempre cabría que por desastres naturales u otros similares, no sea posible cumplir con lo ofrecido— deberían ser muy severas y ejemplificar, llegándose al extremo de inhabilitaciones permanentes para la función pública. No está demás decir que como lo establece la legislación actual los que delincan deberían ser encarcelados o sancionados, aunque sería gratificante ver que la ley se cumple no sólo en el funcionario mal pagado que recibe una coima, sino en los “grandes financistas”, cómplices y encubridores que “disponen” del erario público, es decir del de todos los ciudadanos.

San Isidro, 04 de diciembre de 2001

                       

Publicado en El Comercio (Editorial), Pág. a17, el Miércoles 5 de diciembre de 2001, bajo el título Democracia y obligación de rendir cuentas