16 de mayo de 2011

El control de las promesas electorales

La propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
por Alonso Núñez del Prado S.


Hemos recibido con esperanza la reciente insistencia de Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en la propuesta del JNE, respaldada por algunos representantes del Acuerdo Nacional, la Asociación Civil Transparencia y la Comisión Andina de Juristas (CAJ), que en realidad retoma la que hicimos en el diario El Comercio el 5 de diciembre de 2001, bajo el título “La democracia y la obligación de rendir cuentas” y retomamos también en esa página el 19 de septiembre del 2003 en el artículo denominado “Los partidos y los planes de gobierno”[1].

Se trata de que el JNE (mi propuesta era que lo hiciera un organismo nuevo e independiente) recopile las propuestas de los partidos en los procesos electorales, para que después se haga público en forma periódica y la ciudadanía lo pueda revisar. Más recientemente se ha insistido en que siguiendo el ejemplo de las leyes 26864, de elecciones municipales y 27683, de elecciones regionales, se obligue a los candidatos a publicar un programa de gobierno.
Hay personas que han criticado la propuesta, alegando que la falta de un sistema punitivo, es decir de una forma de penalizar el incumplimiento, hacen que nazca coja o incompleta. Pienso que el sólo hecho de saber que serán confrontados con sus ofrecimientos, será un elemento disuasivo importante, para que los candidatos y partidos dejen de hacer ofertas que no piensan cumplir. Por otro lado, creo que quienes hacen esta crítica olvidan el efecto político que puede tener que cada cierto tiempo, se publique “lo ofrecido” contra “lo cumplido” por el partido gobernante, y sea comentado y analizado por la prensa y otros sectores. Esto, sin contar lo educativo que resultaría para nuestra incipiente democracia un sistema como el antes indicado.

Resulta indispensable que por ley se cree una especie de matriz de plan de gobierno, que todos los partidos tendrían que respetar para inscribir sus candidaturas, de tal manera que se tenga con qué comparar durante la gestión del que resulte elegido. Si el JNE o el organismo que reciba el encargo, publica, digamos trimestral o semestralmente, en dos columnas, lo prometido por el partido en el gobierno y sus logros, conseguiremos hacer más seria y menos demagógica la política. Sin duda, los programas tendrían que ser de mínimos, porque como en algún momento me decía Domingo García Belaunde, “una cosa es con guitarra y la otra con cajón”. Las cosas se ven más fáciles desde debajo, de lo que son en realidad cuando se asume el mando.

Las penalidades por incumplimiento, por lo menos en principio, sólo pueden pensarse para casos muy graves. Lo importante de la propuesta es que nuestra democracia sería más eficiente y verdadera y, además, mantendríamos informados y educaríamos a los electores y, por qué no, también a los políticos.

Con todo, me resulta difícil creer —ojalá me equivoque— que en el corto plazo la propuesta vaya a ser aprobada y se promulgue una ley o se modifique la Constitución. Estas cosas toman tiempo y será necesario que la propuesta madure y que sea la sociedad civil la que se percate de la necesidad y se la exija al Congreso. En todo caso, hay que aplaudir la iniciativa del JNE, la insistencia de la CEP y el apoyo de las otras instituciones, porque de esta manera se introduce el tema al debate y se crea conciencia de su necesidad.



San Isidro, 20 de julio de 2005

Publicado en la página 15 de Gestión (Opinión), el martes 26 de julio de 2005



[1] Respecto del tema, publiqué en El Comercio (Editorial), Pág. a13, el miércoles 16 de octubre de 2002, un artículo titulado Una Fiscalía de la democracia y también en el # 98 de la revista de la Compañía de Jesús “Cuadernos de Espiritualidad” de abril del 2002 (Pág. 31). Además, con anterioridad, un proyecto para crear una ONG llamada "Compromiso Democrático" que cumpliera esa función, fue presentado a Mario Vargas Llosa, buscando su apoyo. Posteriormente a Luis Fernando Nunez de la Misión Carter, y por último a la propia Transparencia. En todos los casos, les pareció interesante, pero difícil de sacar adelante. Por último, cuando la Facultad de Derecho de la PUCP y "Ciudadanos al Día" organizaron los "Foros Constitucionales" donde se debatían las posibles modificaciones a la Constitución, en los tiempos en que Henry Pease, en el Congreso, trataba de que sacar un nuevo proyecto adelante, propuse el tema para discutirlo, lo que no llegó a realizarse porque el asunto se pospuso.

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