16 de mayo de 2011

Los partidos y los planes de gobierno

por Alonso Núñez del Prado S.


Ahora que se está debatiendo en el Congreso la Ley de Partidos, es necesario recordar, lo importante de incorporar a nuestra legislación —probablemente no a esta última norma, sino a la que rige la inscripción de los partidos para las elecciones— la obligación de presentar planes de gobierno en todos los niveles en el momento de inscribir las candidaturas.

Debido a que el nivel educativo de la mayor parte de nuestra población no es alto, estamos sujetos a la manipulación proselitista, a los discursos encendidos y a los ofrecimientos que entusiasman a los electores, pero que se sabe de antemano, no se cumplirán.

Cada partido en el momento de inscribirse para cualquier elección, debería estar obligado a presentar un plan de gobierno y el dispositivo legal debería establecer un cierto detalle, por sector y con cifras, que hagan posible que, más adelante se pueda verificar el cumplimiento de lo ofrecido. Esto en todos los niveles, —aunque su implementación podría ser paulatina— incluyendo alcaldías y cualquier otro tipo de cargo que sea motivo de elección democrática, lo que incluye a los miembros del Congreso, quienes también tendrían que presentar —sujetos al plan del partido por el que postulan— un proyecto de lo que piensan hacer en el caso de ser elegidos.

Si tuviéramos una ley de estas características, que obligara, además, a la publicación y discusión de los diversos planes o proyectos, nuestro sistema democrático sería bastante más eficiente y los electores votarían por estos y no por las personas, que con frecuencia los engañan. Los debates ya no serían sobre lo que dijo o no dijo uno de los candidatos, sino sobre lo que está escrito y presentado a la autoridad electoral. Esto traería una ventaja adicional y es que como contraparte exigirían y se haría indispensable, la publicación de la situación de las gestiones de los que gobiernan o tienen una función pública en el momento derivada del voto popular.

Como ya propuse en otra oportunidad, toda esta reglamentación nos llevaría a la necesidad de tener un organismo —lo denominé ‘Fiscalía de la Democracia’— que hiciera un seguimiento del cumplimiento de los planes y ofrecimientos y les diera publicidad.

En realidad, la propuesta no es compleja, pero si innovadora y con certeza de difícil promulgación, porque un sistema como el que propongo haría bastante más complicada la corrupción, profesionalizaría el gobierno, ahuyentando a toda esas personas, integrantes de la clase política actual, que se cuelgan de los candidatos “con posibilidades”, para hacer “buenos negocios” si salen elegidos.

Mas, sin duda, el Perú saldría beneficiado, es decir todos nosotros. Luchemos porque la ley establezca la obligación de presentar por escrito y con carácter oficial, planes de gobierno o proyectos de gestión, según sea el caso, de todos los que se presenten como candidatos a gobernarnos o a ejercer funciones públicas derivadas del voto del pueblo.

La democracia, tal como hoy la entendemos y vivimos permite toda la corruptela que sufrimos, además de hacer imposible que quienes son elegidos se sientan en la obligación de reportarse a sus electores, hasta la elección siguiente en que muchas de las promesas han sido olvidadas y otras nuevas las reemplazan. Con el sistema actual, estamos en manos de “los encantadores de serpientes” que con bellos discursos y algún conocimiento de la idiosincrasia de nuestro pueblo, son capaces de hacer nacer esperanzas sin prometer nada concreto, ya que más adelante alguien podría sacárselos en cara y exigirles lo ofrecido.

Una propuesta de este tipo debería mostrarnos quienes de los actuales congresistas tienen verdadero interés en el desarrollo de nuestra patria y cuáles están allí sólo para medrar y prefieren que no exista un sistema que los fiscalice y los obligue —aunque en realidad sea principalmente al Poder Ejecutivo— a hacer un trabajo profesional desde que se presenten a los electores como posibles autoridades que los regirán por un período.

Lo que si debe incluir la propia ley en debate, es la obligación de que cada Partido se inscriba con un ideario, que pueda ser renovado cada cierto tiempo. Los partidos mismos deben hacer pública su línea y no ocultarla, para evitar los disfraces electorales sugeridos por algunos tecnócratas que antes de Fujimori, reclamaban a un Pinochet para el Perú.

San Isidro, 15 de septiembre de 2003


Publicado en El Comercio (Página editorial-a15) el viernes 19 de septiembre de 2003

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