por Alonso Núñez del Prado Simons, Abogado MBA
Ideele Revista Nº
290
Foto: Revista Uno (LLYC)
Hay pánico en los sectores conservadores y también en los liberales de derecha a que se cambie el capítulo económico de la Constitución de 1993, y la verdad es que por ahora yo tampoco lo haría. Somos una democracia todavía débil, sin la institucionalidad suficiente y hay que reconocer que las tentaciones del poder son muchas y entre ellas está la actividad empresarial del Estado, que en nuestro país ha sido un instrumento de poder y no ha sido eficiente, sino más bien fuente de pérdidas y gastos para el Estado, además de corrupción. Aunque en otros países hay ejemplos de exitosa actividad empresarial del Estado (Suiza, Uruguay, etc.), no creo que por ahora convenga que nuestro Estado se involucre en el desarrollo empresarial, por lo menos como accionista único o mayoritario. Quizá podríamos aceptar que en las actividades estratégicas sea accionista minoritario o simplemente tenga representación en el directorio. Eso obligaría a esas empresas a un trabajo muy pulcro y profesional en estos negocios y sobre todo aminoraría las posibilidades de corrupción que hemos visto son un verdadero peligro. Un representante del Estado en la dirección y gestión puede hacer mucho más complicadas las actividades de este tipo al mismo tiempo que le da mayor poder a éste (el Estado) ahora que lo ha perdido a costa del Poder económico privado.
