El Perú y la política*

por Alonso Núñez del Prado S.


La historia del Perú —por lo menos la más reciente, que es de la que soy testigo— es un conjunto de oportunidades desperdiciadas.

Cuando Belaunde asumió el mando en 1963, todo el país esperaba un cambio de rumbo. La votación que recibió fue la de un pueblo que reclamaba un camino diferente. Hasta entonces habíamos vivido una oligarquía, que llegaba a su fin, porque no daba para más. Se podían ya percibir los clamores del Perú profundo. Por las razones que fueran —los acciopopulistas dicen que porque la alianza entre el APRA y la UNO (Odría) no los dejó gobernar— el gobierno de ese entonces no fue capaz de hacer los cambios necesarios y desembocamos en el golpe velazquista.

El gobierno de Velazco, recibido al principio con mucho recelo, logró con el tiempo despertar algún entusiasmo, pero pronto llegó el desengaño. Si pudiéramos resumir en una frase lo que pasó, diríamos que ese proceso fue una prueba palpable —no sólo para el Perú, sino para la política en general— de que los cambios no se pueden hacer desde arriba. Por el contrario, tienen que nacer desde abajo y ser producto de la madurez de un pueblo. En resumen, un fracaso más, pero también el despertar de los rencores, que contra lo que muchos creen, allí estaban, producto de lo que los marxistas llaman ‘una sociedad feudal’.

Morales Bermúdez fue un tránsito de regreso a la democracia, y una nueva oportunidad para ésta. Belaunde fue elegido otra vez, debido al fracaso de la dictadura militar. Por desgracia, el segundo gobierno de Acción Popular —esta vez con mayoría parlamentaria— tampoco tuvo éxito. Se argumenta que tuvieron mala suerte (los desastres naturales, el conflicto con el Ecuador y el nacimiento del terrorismo), pero eso no cuenta en historia política.

Mas Belaunde cumplió su sueño de dejar su cargo a un presidente constitucionalmente elegido. Por primera vez en su historia el APRA llegaba al poder. La joven figura de Alan García constituyó, para muchos, una promesa cuando recién llegó al gobierno. Duró los primeros dos años, en que se malgastaron las reservas. Lo que pasó después, no tengo ni que contarlo. La decepción fue total, por el catastrófico manejo económico, el crecimiento del terrorismo y el mal uso de las entidades públicas, entre muchas otras cosas.

Fujimori, un hombre que jamás hubiera sido elegido en otras circunstancias y cuyos logros económicos —que son de los que más se enorgullecen sus partidarios— fueron el resultado de hacer lo contrario de lo que dijo en su campaña electoral (lo que debería bastar para descalificarlo), se encontró de repente con la posibilidad de ganar, debido a la campaña anti-shock que desató el gobierno aprista y a los gruesos errores cometidos por el frente liderado por Vargas Llosa. Por algún tiempo, desde el golpe del 5 de abril, les pareció a algunos, que todavía no se convencen que ‘el poder corrompe’, que iba por buen camino, en especial por sus ya mencionados éxitos económicos y en la lucha anti-terrorista. Lo que en realidad ocurrió, es historia reciente y hasta filmada, que no merece mayores comentarios.

Toledo representó, en su momento, la posibilidad de que un hombre venido del pueblo hiciera un buen gobierno, y diera así un paso adelante en la lucha contra el racismo que nos aqueja. Durante todo el período, ese gobierno tambaleó, cometiendo muchos errores. Recordemos que la falta de verdadero liderazgo y la irresponsabilidad de cierta parte de la oposición, hasta crearon la posibilidad de que se declarara la vacancia de la Presidencia de República. Sin embargo, mirando hacia atrás, no resultó tan malo y hay hasta quienes dirían que fue bueno, sobre todo comparado con los anteriores. Fue más un no hacer que un hacer, aunque no se pueden negar algunos logros.

El nuevo gobierno de Alan García está, sin duda, bastante mejor que el anterior, pero a pesar de la bonanza que vive el país, todavía no ha enfrentado los problemas estructurales, ni ha tratado de darles solución. Se ha olvidado las cosas que realmente importan. ¿Qué porcentaje del presupuesto se está invirtiendo en educación y salud? ¿Cuánto en el Poder Judicial? ¿En verdad ha disminuido el índice de extrema pobreza? ¿Cuáles son los índices de empleo y subempleo? Además del comportamiento de todo esto en el tiempo. Las cifras macroeconómicas son importantes, pero no sirven para nada si no están humanizadas. ¿De qué sirve el crecimiento del PBI, la baja de la tasa de interés, una balanza de pagos positiva, si nuestro índice de analfabetismo y escolaridad están por los suelos; y tenemos a miles de peruanos sumidos en niveles de vida infrahumanos? ¿No creen que es de lo que principalmente deberíamos preocuparnos? Démosle a cada cosa el peso que le corresponde y no continuemos desperdiciando oportunidades.

Todos están de acuerdo, pero nadie actúa en consecuencia: El problema del Perú es estructural: la exclusión y la desigual distribución de la riqueza, que resulta en porcentajes significativos de la población viviendo por debajo de la denominada ‘línea de pobreza’. Ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación —que algunos quieren olvidar— nos hizo notar que la violencia que tuvimos que sufrir fue el resultado de las estructuras injustas y que para colmo de males fueron los de la base de la pirámide quienes resultaron más afectados, merced a nuestra ceguera, que todavía persiste en ciertos sectores, aunque ahora es voluntaria y pretende que olvidemos lo que tenemos que sanar.

Desde una perspectiva histórica, -como he dicho- ya la revolución de Velazco fue el resultado de los muchos años de oligarquía y explotación; y el senderismo del fracaso de ésta y de los gobiernos posteriores para enfrentar los problemas centrales del país. Hay quienes quieren ver en los líderes de ambos movimientos y en sus acompañantes a los responsables de lo que pasó, olvidando que a la luz de los años, hoy podemos decir que difícilmente hubieran podido evitarse, con las exclusiones, explotaciones y abusos que aún ahora vive nuestra patria. En otras palabras, que las principales responsables somos las clases dirigentes. La captura de Abimael Guzmán, gracias a Dios, resultó en el descalabro de la secta terrorista y nos dio algunos años de respiro que es necesario aprovechar, más si debido a la coyuntura económica internacional vivimos un período de bonanza económica, que debiera servir para hacer los cambios que todos reclaman, pero nadie hace y parece tampoco quiere hacer.

Ojalá me equivoque, pero si no corregimos los problemas estructurales —y eso pasa por una inversión mucho mayor a la actual en la salud y la educación, es especial de las clases con menos ingresos, además de programas de apoyo de diversa índole— volveremos a tener violencia. No es nuestra propia experiencia, sino que lo muestran todos los casos en el tiempo y en el espacio: hay situaciones que resultan caldos de cultivo ideales para quienes la predican. Se ha repetido muchas veces, pero seguimos sin hacerlo: hay que corregir las causas y no las consecuencias. La represión es sólo un muro de contención, no hace que bajen las aguas. El incremento de la delincuencia lo prueba.

Los candidatos ahora y más adelante el futuro gobierno, deberían presentar un programa detallado de cómo van a enfrentar el problema, en vez de contentarse con medidas que sólo consiguen efímeros aplausos, pero no están encaminadas a solucionar las cuestiones de fondo. Son necesarias cifras, plazos y detalles que muchas veces no gustarán a todos, pero que si son bien explicadas y convincentes apoyaremos, porque nadie quiere vivir lo que ya vivimos, más si ahora —después del informe de la CVR— conocemos el tamaño de lo que a su debido tiempo no quisimos ver. Otro gran olvido en la agenda pública de las elecciones es el Acuerdo Nacional. Debiera ser el eje a partir del cual se evaluaran los planes de gobierno y las ofertas electorales.

Por desgracia, las épocas de bonanza son malas consejeras y crean la sensación de que todo está bien encaminado. El Perú es un país muy complejo y contradictorio, con una geografía que ha resultado en sociedades y culturas muy diferentes a lo largo del territorio. Con regiones y departamentos más ricos unos que otros. Con razas no integradas y que se miran a menos unas a otras. Con gente que se ha acostumbrado a considerar normal la miseria en que viven algunos compatriotas; y, peor aún, que aseguran que es resultado de su ociosidad y malas costumbres. La falta de solidaridad es casi una regla…

Como puede verse hay mucho que hacer, pero considero que una de las más importantes es institucionalizar al país y con el Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno estamos tratando de aportar en este aspecto.

Hace algún tiempo mi hijo me pasó por correo electrónico un artículo de Alfredo Bullard denominado ‘Presidente S. A.’ en que proponía que encargáramos los gobiernos a empresas y firmáramos contratos con ellas estableciendo sus compromisos y detallando en el documento todos los detalles. Más allá de la imposibilidad material de la alternativa y de los peligros que podría significar, si algunas transnacionales se especializan en el tema, rescato la idea central que concuerda con lo que pregona el Observatorio: los gobernantes están obligados a cumplir lo que prometieron y los que los eligieron tienen el derecho de exigirles que lo hagan. Es en realidad —y en eso tiene razón Alfredo— una especie de contrato, pero que en la historia del Perú hemos olvidado apenas es firmado, con la asunción del mando. Entonces, es encarpetado y no vuelto a mencionar más, ni siquiera por los partidos opositores que prefieren seguir bajo el ‘antiguo régimen’ en que nadie pide cuentas a nadie, porque ya les tocará el turno. Si lo enunciáramos filosófica y jurídicamente, diríamos que exigir que los gobernantes cumplan con lo que prometieron es un derecho olvidado que es necesario rescatar.

Son muy pocos los espacios públicos en que se discuten los programas. ¿Cuántos de los votantes conocen los planes de los principales candidatos? Apenas se sabe de algunas de sus propuestas, pero si preguntamos a los candidatos como piensan financiarlas, se verían en apuros y posiblemente nos diían que lo decidirán cuando asuman el poder.

Los planes de gobierno tienen que contener cifras y presupuestos y los actuales gobernantes tienen la obligación de proporcionar las existentes. Y no es una buena respuesta decir que no se pueden obtener, porque, si así fuera, tienen además de las armas legales, todos los instrumentos para armar un escándalo mediático que obliguen a entregárselas.

Entre los muchos problemas que tiene nuestra democracia, está la de ser sólo eleccionaria: Los gobernantes, representantes y candidatos sólo se acuerdan de quienes los eligieron cada vez que hay elecciones, olvidándose que son mandatarios en el sentido de que reciben un mandato (poder) de sus electores y no de que mandan, como algunas personas creen.

En nuestro país, después de ganar una elección los elegidos se olvidan que se deben a quienes los nombraron (sus electores) y creen que por la duración del período de gobierno pueden hacer lo que les parezca, cuando en realidad tienen el compromiso —que deriva de la palabra empeñada y de las nociones más básicas de democracia— de cumplir con sus ofertas electorales y sus planes de gobierno. Aunque esto es bastante obvio, para la clase política —acostumbrada a mentir descaradamente durante los períodos electorales en aras de buscar votos— es un deber que prefieren no tratar, ni mencionar. La costumbre de hacer politiquería y no verdadera política los gana y se preparan planes de gobierno para que los rivales no puedan acusarlos de no tenerlo, pero no para cumplirlos. Además, muchos de los planteamientos son tan generales que resulta difícil medirlos y hacerlo así es casi la regla general. Los planes de gobierno difícilmente contienen cifras e índices que permitan verificar su cumplimiento más allá de toda duda. Por eso, es que sería conveniente que la Ley de Partidos Políticos incorporara una matriz que con datos, índices y cifras que tuvieran que incluir; pero es improbable que los políticos se pongan sus propios límites y esto sólo será posible cuando la sociedad civil los obligue a hacerlo.

Durante estos últimos tiempos que, como parte del Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno he estado haciendo seguimiento a las acciones gubernamentales, me he podido percatar que, salvo alguna excepción, los candidatos presidenciales no se sienten identificados con sus planes de gobierno y que muchos de éstos son preparados por un equipo de personas que con frecuencia no piensan igual que el candidato y futuro gobernante, por lo que en muchos aspectos el proceder del Presidente resulta ser una línea divergente de lo que aparece en su plan.

Para estas elecciones el Jurado Nacional (JNE) logró comprometer a los partidos a que presentaran un plan de gobierno, cuyos requisitos sólo tienen por objeto que los electores menos informados puedan comprenderlo, pero que en realidad está muy lejos de ser un trabajo serio. Felizmente, la competencia ha tenido la virtud de obligar a los candidatos a presentar planes más amplios y mejor trabajados, aunque todavía estén muy lejos de lo que deberían ser. La calidad de los planes presentados para estas elecciones es variada y algunos son bastante mejor estructurados que otros. Esperemos que la competencia haga también su labor en este aspecto y que el JNE consiga no sólo que se presenten planes de gobierno, sino que los partidos y candidatos se comprometan en un acto público a cumplirlos si salen elegidos. Esto último debería ser parte integrante de las próximas modificaciones constitucionales.

Es casi inverosímil lo que se discute en la campaña electoral actual. Hasta ahora los temas de fondo, como la educación y la salud, no han sido debatidos seriamente. Sin embargo, continúan los ataques personales y la mención de temas como el aborto y el matrimonio entre homosexuales en los que tendría que decidir el Congreso y no el futuro Presidente. Alguno de los candidatos tendría que hacer algo de docencia, haciendo notar a la población y los medios que su capacidad en estos aspectos es sólo de propuesta y no de decisión, que vivimos en una democracia en que los poderes son independientes y que los presidentes no son reyezuelos que pueden decidir todo como en las antiguas monarquías.

En el establecimiento de ciertas líneas de discusión en la campaña le cabe un rol importante a los medios de comunicación y a la prensa, que no puede seguir haciéndole el juego a los escándalos y debe más bien concentrarse en los temas importantes. En vez de darle tanto espacio a las ofertas electorales y a los planes de gobierno, debieran dárselo a su cumplimiento, pero parece que eso es ingrato y no vende, además de que los enfrenta con el poder. La educación del pueblo es también responsabilidad de quienes trabajan con las noticias y pueden guiar a los electores.

Quiero terminar reiterando lo que ya dije: los cambios no se pueden hacer desde arriba y tienen que hacerse desde la sociedad civil. Cuando las mayorías estén convencidas y lo exijan, la clase política se verá obligada a hacer las modificaciones legales indispensables. Es necesaria una ciudadanía activa. Renovar la política es tarea de todos.

San Isidro, 7 de marzo de 2011

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(*) Ponencia leída por el autor en el taller ‘Renovar la política, tarea de todos’ realizada en el Universidad Antonio Ruiz de Montoya el 7 de marzo de 2011.