Comunicado (Febrero 2016)

Los dos últimos gobiernos de los presidentes García y Humala, a cuyas promesas y planes de gobierno hemos hecho seguimiento, han tenido un pobre nivel de cumplimiento. En nuestra percepción en el Perú no existe consciencia del derecho que tienen los electores de exigir que los gobernantes cumplan con sus ofrecimientos, ni tampoco los gobernantes lo son de su obligación de cumplir con sus compromisos.

Aunque también en el anterior, en especial durante este último gobierno ha habido complicidad para que no se exigiera el cumplimiento de la palabra empeñada. Los diferentes grupos sólo han exigido que se cumpla lo que les favorece o lo que les consta que no se podrá cumplir cuando criticaban al gobierno, y nunca lo que no les gustaba o en su opinión no se debería cumplir. Entonces resaltó lo que a los grupos de mayor poder les interesaba y no lo que conviene a los sectores sin mayor capacidad de reclamo.


Como está ocurriendo ahora, durante la campaña electoral se publican y discuten los planes de gobierno, pero después de la elección nadie recuerda lo ofrecido en su integridad, sino las partes convenientes. No contamos con un mecanismo legal que obligue al gobierno de turno a cumplir con sus ofertas.

En consecuencia, tenemos un sistema esquizofrénico en el que durante el proceso electoral discutimos, organizamos debates, entrevistas y hacemos análisis de planes de gobierno que sabemos de antemano que no se van cumplir y somos parte de esta pantomima en la que engañamos al electorado incluidos nosotros mismos. La preparación de planes se ha convertido en algunos casos en una tarea académica que algunos profesionales hacen a cambio del pago de un honorario, pero sin ninguna convicción, ni intención de cumplirlos, porque el propio candidato y la mayor parte de la agrupación política no se involucran.

De otro lado, los planes de gobierno de los diferentes partidos y candidatos están llenos de generalidades y de ofertas que no señalan los medios para lograrlas, ni los plazos, ni tampoco las cifras que las hagan verosímiles. Se trata más del cumplimiento de un requisito formal que evite que los postulantes sean acusados de improvisación y, eventualmente, sirven para responder en entrevistas y en debates.

Es indispensable que los medios, la oposición y toda la estructura política se comprometan en exigir que se cumpla con la palabra empeñada y no solo sólo con las partes que convienen a los grupos de mayor poder económico. Somos, sin embargo, conscientes que esto no ocurrirá mientras el grueso del electorado no se sienta con derecho a exigir su cumplimiento. Sólo la presión de los ciudadanos llevará a plasmar en la ley, mejor incluso en la Constitución, este sagrado derecho que es parte del núcleo duro de la democracia.

Lima, 22 de febrero de 2016

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