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| Foto: La República |
Lamentablemente hay mucha gente entre la que se cuentan algunos empresarios, parte de los medios y la prensa e incluso el propio gobierno que a pesar de todo lo vivido todavía no se ha dado cuenta que para hacer ciertas cosas se necesita ‘licencia social’, entendida como aprobación o por lo menos conformidad de la mayor parte de la población involucrada con el proyecto a desarrollar. No basta que se esté actuando conforme a ley o habiendo cumplido con los procesos y requisitos exigidos por las normas, es necesario que exista acuerdo de quienes de alguna manera se verán afectados.
Esa fue la causa de que no se pudiera sacar adelante Conga y, probablemente, lo que esté ocurriendo con Tía María. Las empresas siguen los trámites legales entre los que está la presentación y aprobación del estudio de impacto ambiental y una vez que han obtenido la conformidad de la dependencia o ministerio respectivo pretenden exigir al gobierno que haga respetar la autoridad y obligue a la población a someterse a lo establecido o aprobado. Sin embargo, la realidad es otra, si la población afectada no está de acuerdo no hay manera de imponérselo salvo por la fuerza y muchas veces con derramamiento de sangre e incluso algunas muertes; pero, obviamente, ese tipo de caminos son políticamente muy costosos, más aún podrían llevar al descrédito e incluso derrocamiento de un régimen.
Algunos medios han pretendido hacernos creer que el problema son los ‘dirigentes anti-mineros’, pero la verdad es otra, por lo menos en el caso de Conga fue la mayor parte de la población la que se oponía, tanto que si se hubiera logrado convencer a los dirigentes, éstos no hubieran podido simplemente dar su conformidad, ya que necesitaban persuadir a sus propias bases. El rechazo que tenía y todavía tiene Yanacocha en Cajamarca es mayúsculo y es indispensable primero revertirlo para recién luego tratar de llevar adelante el proyecto. Es probable que estemos en una situación similar en el caso de Tía María. Habrá que ver…
Lo antes expuesto hace evidente que hay un problema en nuestra legislación que nos recuerda el conflicto entre realidad y Derecho y que es necesario incorporar en el proceso legal de aprobación: la hemos bautizado con el nombre de ‘licencia social’. La empresa minera, de hidrocarburos o la que fuera aparte de cumplir con todos los trámites y requisitos de ley debería tener la obligación de conseguirla, es decir lograr la conformidad de los lugareños y por supuesto por medios legales y no sobornando y ofreciendo cosas que después no pueden cumplir. Está claro que para esto tendría que haber una vigilancia y control gubernamental y sin duda –¿por qué no?– su apoyo para tratar de explicar las ventajas que resultarán del desarrollo del proyecto.
El Poder Ejecutivo se está equivocando al pretender presionar a los dirigentes opositores y amedrentarlos, esa no es la forma de sacar adelante una aprobación, se requiere tiempo y paciencia y la empresa interesada debería saberlo y trabajar en ello desde el principio, juntamente con el trámite legal de aprobación.
Sería absurdo negar que hay agitadores y personas que no creen en la explotación minera y prefieren caminos alternativos como podrían ser el eco-turismo y alternativos, y ellos trabajan políticamente en esas zonas convenciendo a las poblaciones de las ventajas de su propuesta. Si hay otros que creen lo contrario tendrían que involucrarse en enfrentar pacífica y racionalmente a sus opositores para ganarse a la población, pero es absurdo que pretendan tratar de imponer su criterio y opinión, cuando tendrían que convencer mediante argumentos, desenmascarando a sus opositores. Por supuesto que el gobierno puede asumir cualquiera de las dos posiciones y apoyarla, ya que ninguna, necesariamente, tiene la razón en todos los casos, pero no puede simplemente ‘hacer cumplir la ley’, porque ésta está evidentemente coja, ya que olvida la realidad. La experiencia muestra que en casos de conflicto entre realidad y Derecho, usualmente gana la primera. El Derecho puede moldear la realidad, pero es un proceso lento y largo. No basta dictar una ley para que las cosas cambien, ni ésta puede ser impuesta a sangre y fuego…
San Isidro, 19 de abril de 2015
* Abogado MBA
Publicado en la Revista Ideele (249) el 29 de abril de 2014
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