19 de mayo de 2011

El derecho a exigir que los gobernantes cumplan con lo que prometieron

por Alonso Núñez del Prado S.

Nuestro Perú, heredero de una tradición cortesana y de una cultura poco democrática que se remonta hasta el Incanato, seguido luego por el virreinato de la Colonia, junto con el proceso republicano de construcción de la democracia y la tradición de la cultura occidental, ha olvidado el derecho que tienen los electores a exigir que los elegidos, es decir el gobierno, cumpla con lo que ofreció durante el proceso electoral, cuando necesitaba de los votos de todos los ciudadanos para convertirse en responsable de la conducción del país.

Nuestra experiencia es más bien la del engaño, la del aprovechamiento de la ignorancia del pueblo para hacerle ofrecimientos atractivos, pero que no solucionaban sus problemas o peor que no se tenía intención de cumplir. Casi sin excepciones, podemos decir que los gobernantes del Perú se olvidaron de sus electores una vez que asumieron el mando y los recordaron otra vez ad-portas de la elección siguiente.


En los últimos tiempos, sin embargo, la publicación de las encuestas con los niveles de aprobación y desaprobación ha obligado a que los gobiernos pongan cada vez más atención a la percepción que la sociedad civil tiene de ellos. Sin embargo, todavía no hemos llegado al punto de exigirles a quienes elegimos que cumplan con lo que prometieron.

La creación del Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno obedece a esa lógica. Esta institución publicará mensualmente una evaluación de cada uno de los diez objetivos del Plan del Apra para el período 2006-2011, lo que nos permitirá comprobar el grado de cumplimiento del gobierno actual, pero tendrá además la ventaja de constituir un aviso para que en las próximas elecciones los partidos y candidatos presenten planes de gobierno que estén en capacidad de cumplir, lo que nos permitirá a los votantes elegir a partir de un programa coherente en vez de por simpatías de los candidatos o por ofertas populistas como con frecuencia ha venido ocurriendo. No quiero decir que las personas no son importantes, sino que se necesitan también programas que eviten las improvisaciones, por desgracia, tan comunes en los gobiernos de nuestra historia republicana.

Como lo he indicado con frecuencia en publicaciones en este diario, sería conveniente que el Congreso establezca por ley la obligación de los partidos de presentar un Plan de Gobierno coherente al inscribirse para cada elección. Es más, este Plan debería contener una serie de requisitos mínimos que también deberían ser establecidos en la norma.

Asimismo, sería conveniente la modificación de la 26300 (modificada por la ley 26592 de 18/04/96 y la 26670 11/10/96), Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, del 3 de mayo de 1994, es decir a poco más de cuatro meses de que la Constitución de 1993 entrara en vigencia, ya que recortó lo establecido en el artículo 31° de nuestra Carta Fundamental que establecía que “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas”. Como se puede apreciar la frase es amplia: se podía demandar la rendición de cuentas. En otras palabras, había la posibilidad de pedir a las autoridades que expliquen y justifiquen sus actos durante y no sólo al final del mandato, bajo el apercibimiento de remoción o revocación, si no lo hicieren a satisfacción. Una interpretación restrictiva, nos llevaría a pensar que la rendición de cuentas sólo se refiere al aspecto económico. Sin embargo, es perfectamente posible una interpretación más amplia, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la expresión. La mencionada ley limitó este derecho a la revocatoria de alcaldes, regidores y autoridades regionales, distinguiendo donde nuestra Carta Fundamental no distinguía.

La existencia de un Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno que debería ampliarse al de las ofertas electorales que muchas veces se hacen durante discursos y no se plasman en el papel, sólo puede beneficiarnos, porque además de hacer más responsables a quienes redactan los planes y hacen los discursos, permitirá que las publicaciones de la indicada institución sean debatidas entre electores y elegidos, incluida la oposición y los organismos gremiales que representan a los diferentes sectores.

San Isidro, 21 de julio de 2009  

Publicado en Gestión

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